La batalla secreta de los abogados Cremades por el uso del apellido
Javier y Bernardo Cremades, que comparten apellido y profesión pero no árbol genealógico, han mantenido un conflicto interminente durante los últimos años a cuenta del uso del apellido
Si hay un sector que no se rompe la cabeza al pensar el nombre de su empresa, es el sector legal. Basta con echar un vistazo al mundo de la abogacía para constatar que las firmas gustan de adornar sus nombres con los apellidos de los socios fundadores, algo que ‘a priori’ no ha generado problemas en el mercado… salvo para los Cremades, que en los últimos años han mantenido un conflicto intermitente que ha zanjado en el último trimestre del año pasado el Tribunal Supremo.
Todo comenzó cuando Javier Cremades y Emilio Sánchez Pintado, socios y directores de Cremades y Sánchez Pintado, separaron sus caminos como abogados tras varios años de trabajo mano a mano en los años noventa. A partir de ahí, el despacho pasó a denominarse Cremades Abogados bajo la batuta de Javier y se involucró en algunos casos mediáticos que pusieron el apellido en primera línea de fuego, algo que no gustó un pelo a Bernardo Cremades, reconocido abogado en materia de litigación con el que no tiene ningún lazo familiar.
Más allá del malestar generado, el por entonces decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Luis Martí Mingarro, intentó mediar entre ambos sin éxito e incluso Bernardo denunció a Javier ante el ICAM por una presunta violación del código deontológico que fue rechazada. Tras el fracaso de esta vía, el asunto fue llevado por Bernardo Cremades a los tribunales, que le dieron la razón de forma sucesiva: primero fue el Juzgado de Primera Instancia 58 de Madrid (2001), luego la Audiencia Provincial (2003) y más tarde el Supremo (2003), que inadmitió su recurso de casación (2004). Los tres acreditaron la existencia de competencia desleal. Fue en esos años cuando el despacho adoptó su actual identidad, Cremades & Calvo-Sotelo, añadiendo el apellido de otro de los socios de la casa.
Y hasta aquí el primer capítulo de este particular enfrentamiento que hasta ahora no había trascendido. Tras muchos años de tregua, el siguiente y último frente se abrió en 2015, cuando el despacho de Javier Cremades solicitó el registro de la marca Cremades & Calvo-Sotelo en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), donde Bernardo Cremades ya tenía registrados sus nombres comerciales y sus marcas desde hacía años.
De nuevo, la similitud de nombres generó un conflicto y Bernardo se opuso al registro de la marca. Tras presentar las oportunas alegaciones, la OEPM dio la razón a Bernardo. La denegación saltó a los tribunales por la vía contencioso-administrativa y finalmente el TSJM ha permitido a Javier el registro, decisión que Bernardo Cremades intentó frenar con un recurso ante el Supremo que fue rechazado en el último trimestre del año pasado. Tras la victoria en el TSJM, el despacho de Javier Cremades mandó una carta a Bernardo Cremades para sellar la paz y dar por concluido el asunto, si bien ha sido finalmente el Supremo quien ha puesto punto y final a un conflicto que comenzó hace más de una década.
Bernardo Cremades, reconocido como una institución en el campo del arbitraje, ha sido elegido por el directorio norteamericano Best Lawyers como mejor abogado del año 2019 en la categoría de arbitraje internacional. Entre otros asuntos, el veterano letrado ha participado en litigios vinculados al Canal de Panamá y el Banco Popular, y es el representante de la Comunidad Judía de Madrid y la Federación de Comunidades Judías de España en el conflicto aún abierto que enfrenta a la Fundación Thyssen y la familia de Lilly Cassirer por un cuadro de Camille Pissarro. El abogado es socio fundador de B. Cremades y Asociados, firma que, aunque cubre varias áreas de derecho, es especialmente fuerte en arbitraje y derecho internacional.
Por su parte, Javier Cremades es socio director y fundador de Cremades & Calvo-Sotelo, despacho multidisciplinar que cubre áreas como concursal, penal, económico, mercantil, procesal y bancario, entre otras. El abogado también es secretario de la Fundación Madrid Vivo y ha sido recientemente premiado por la World Jurist Association.
Fuente: El Confidencial