Guerra judicial contra el fundador de Puerto de Indias por usurpación de la marca

Puerto de Indias se enfrenta a un nuevo litigio judicial. Un empresario sevillano ha puesto contra las cuerdas al director general, dueño y uno de los hermanos fundadores de la compañía, José Antonio Rodríguez, a quien acusa de usurpar la marca y erigirse como creador del concepto sin serlo. Dicho empresario es el experto en gestión comercial, Carlos Joaquín Castillo, se convirtió en mano derecha de Rodríguez hace casi una década y ahora ha presentado una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid para exigir lo que —dice— es suyo: la propiedad de la marca.

Todo empezó en 2010, cuando Castillo comenzó a trabajar con Los Alcores de Carmona —sociedad propietaria de una pequeña fábrica de licores y anises en manos de los hermanos Rodríguez y un tercer socio, el ya fallecido Carlos de Castro—. La función del sevillano consistía en elaborar y embotellar licores procedentes de maceración de frutas naturales, con asesoramiento de un enólogo y aportando su propio saber en todo lo relativo a marcas, campañas publicitarias y ‘marketing’. Su amplia experiencia en enseñas como Beefeater, cuya ginebra estaba elaborada con limones y naranjas de Sevilla, le avalaba.

De ahí nacieron las primeras pruebas, paso previo a lo que más tarde se convertiría en un auténtico pelotazo que ha seducido al mismísimo Jaime Bergel (director del fondo de capital riesgo HIG en España). «Las maceraciones iniciales encargadas por Castillo estaban pensadas para una primera fase de fabricación de licores de frutas con idea de segunda fase para elaborar rones, ginebras y cócteles», reza la demanda admitida a trámite a la que ha tenido acceso este periódico.

Según este documento, ambas partes acordaron que Castillo sería el autor y propietario de los productos que fuesen resultado del desarrollo de su propia marca. Las funciones de fabricante y embotelladorrecaían en José Antonio Rodríguez, actual director de Puerto de Indias y administrador de Los Alcores de Carmona. Dicha sociedad «no disponía de ninguna experiencia previa en maceración de licores de frutas naturales». Es más, su gestor proviene del sector de la construcción y se vio obligado a cambiar de actividad con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Los problemas llegaron con la ruptura de relaciones personales y comerciales en septiembre de 2012, momento a partir del cual arrancan seis años de litigios por motivos económicos (con cinco recursos de por medio). El empresario sevillano ahora inicia un nuevo proceso judicial en el que aporta emails, documentos gráficos y testimonios con los que pretende probar que tanto la idea inicial como el nombre de la marca son suyos. «Una vez creada por el señor Castillo, Puerto de Indias fue ilegítimamente usurpada (…) una vez registrada, ha tenido un importante desarrollo comercial del que se ha visto privado el demandante, a quien no se le ha reconocido ni su creación ni su uso previo».

En definitiva, Castillo reivindica su derecho a la titularidad de la marca nacional Puerto de Indias desde la fecha de su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas, con la pertinente orden a los demandados para que «se abstengan en lo sucesivo de realizar cualquier uso o explotación de la enseña». En caso de no conseguirlo, pide al juez que declare la marca como nula. La celebración del juicio está prevista a partir del año que viene.

La demanda no solo va dirigida al director de Puerto de Indias. También a Antiguas Destilerías del Sur, una sociedad mercantil con domicilio social en Carmona (Sevilla) o, según el documento judicial, «una pura ficción legalcreada con la mera finalidad de aparentar que la titularidad de la marca reivindicada corresponde a un tercero». Su administrador es José Antonio Rodríguez.

Puerto de Indias lo niega

La compañía sevillana, que confirma que recibió la notificación de la demanda en octubre, ha puesto el tema en manos de sus abogados pero niega los hechos. «Los argumentos no se ajustan en absoluto a la realidad. El éxito de Puerto de Indias se debe exclusivamente al esfuerzo de sus empleados», sostienen desde la empresa. Otras fuentes cercanas a la cúpula directiva tildan esta demanda de «oportunista» ante el ‘boom’ de la ginebra de fresa y «orientada a sacar provecho de la situación». ¿Por qué ahora?, plantean.

Castillo explica a El Confidencial que no ha podido iniciar este proceso hasta que ha ganado las reclamaciones económicas por importe superior a los 5.400 euros —con sentencia firme del Tribunal Supremo—, si bien notificó a la empresa sus intenciones hace dos años. «Lo grave es que han engañado al fondo HIG diciendo que la marca estaba limpia de demandas», opina.

El fondo de capital riesgo compró el 66% de Puerto de Indias por 110 millones de euros. Esto supone valorar el conjunto de la compañía en 170 millones de euros, ocho veces el ebitda de 2017. Apostó así por una marca en pleno augetanto dentro como fuera de España, pues ya está presente en más de 14 mercados. Es la tercera ginebra más vendida en nuestro país, en un sector bien conocido además por Jaime Bergel: el directivo de HIG fue consejero de Bacardí.

Esta batalla judicial llega apenas diez meses después del pelotazo de venta, si bien no es la primera. Dos de los tres socios fueron demandados por la viuda del tercero, Juan Carlos de Castro, como adelantó Diario de Sevilla. Amelia González acusó a los hermanos fundadores de apropiación indebida por inscribir la marca Puerto de Indias a nombre de José Antonio Rodríguez, si bien ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial en 2017 por el que González recibió unos tres millones de euros. La nueva denuncia sostiene que «Castillo nunca pudo imaginar que su compañero fuera capaz de iniciar el registro y fabricación de la marca Puerto de Indias bajo las bases creadas por otra persona».