Las agencias de viajes (Halcón, Barceló) van a por Airbnb

Los gigantes del sector piden un marco estable para comenzar a ofertar casas particulares en Madrid o Barcelona. Entidades vecinales temen que estalle una burbuja inmobiliaria.

Una ley del alquiler que permita arrendar viviendas por días o semanas. Pisos catalogados por estrellas, igual que los hoteles, en función de su ubicación, tamaño y confort. Son algunas pinceladas de lo que podría estar a punto de llegar, el mercado de la vivienda turística 2.0. Es lo que piden las grandes agencias de viajes, que están ansiosas por empezar a ofertar vacaciones en viviendas particulares en el centro de Barcelona, Madrid, Córdoba o Sevilla. Exigen un marco legal claro y estable para competir de tú a tú con Airbnb. En cuanto haya seguridad jurídica, algo que aseguran tiene que ocurrir en 2018 a más tardar, gigantes como Barceló Viajes, Halcón Viajes, El Corte Inglés oNautalia se podrían sumar a las plataformas digitales. Una hipótesis que pone los pelos de punta a los defensores del derecho a la vivienda, que ven este desembarco como la puntilla para convertir el mercado del alquiler en una auténtica jungla.

«Las agencias de viajes somos un negocio de intermediación. Igual que vendemos estancias en hoteles, barcos o apartamentos, ¿por qué no ofertar viviendas turísticas? Sería algo positivo porque ayudaría a regular este negocio, le quitaría el limbo legal y esa incertidumbre que es el gran problema actualmente», dice Rafael García Garrido, director general de Nautalia Viajes. «Habría que catalogar las viviendas según su categoría, igual que los hoteles. Tú puedes ofertar una vivienda prémium, por ejemplo en Madrid en Serrano o Velázquez, u ofertar en barrios periféricos. No es lo mismo un baño que dos, ascensor, plaza de garaje… Es un camino por recorrer y hay que hacerlo cuanto antes, porque este limbo en el que operan las empresas de economía colaborativa está perjudicando a las agencias de viajes y a la propia sociedad», subraya.

García Garrido admite que el nicho de negocio sería enorme, tanto como viviendas existen en España. Aunque matiza que sería necesario un registro público en el que los propietarios «paguen impuestos y cumplan las normas básicas de seguridad en el inmueble». El director de Nautalia no es partidario de limitar el número de viviendas turísticas, una de las grandes reclamaciones sociales para evitar el estallido de otra burbuja inmobiliaria. «Yo no cerraría las puertas al campo. Salvo en destinos especiales, estoy en contra de limitar las viviendas para evitar la turismofobia. Es mejor adaptar las ciudades y los productos a los turistas que quieres atraer, y lo que mejor regula el turismo son los precios. Hacer más caro un destino atrae a otro tipo de gente».

Las entidades vecinales no quieren ni imaginar un escenario en el que no solo Airbnb, Homeaway o Housetrip ofertasen pisos en el centro de Madrid o Barcelona, sino también con Barceló, Halcón Viajes, El Corte Inglés o Nautalia ofreciendo en sus oficinas pisos turísticos con la misma naturalidad con que hoy ofertan hoteles y cruceros. «Esto multiplicaría la enorme burbuja que se está produciendo», señala Cristina Hernanz, miembro de la entidad ‘Lavapiés dónde vas’, que lucha contra la gentrificación de ese céntrico barrio de la capital. «Estamos a favor de regular este fenómeno, pero no para que las grandes empresas puedan hacerse legalmente con el mercado de la vivienda, sino precisamente para proteger a las personas de estas empresas».

El ejemplo de Madrid es claro: el número de pisos ofertados en Airbnb se ha incrementado un 71% desde julio de 2015. Un estudio del Ayuntamiento de Madrid presentado en primavera confirmó que el 12% de las viviendas del distrito Centro ya ha pasado al mercado de la vivienda turística, y eso antes de que Airbnb confirmase en junio que en solo seis meses ha incrementado un 42% su lista de pisos en Madrid, con 8.786 viviendas ofertadas.

Por no hablar, claro está, de Barcelona, territorio conquistado por la vivienda turística. «Esta es la consecuencia de considerar la vivienda como un negocio y no como un derecho constitucional. Son procesos especulativos, no solo turísticos, que dejan a la gente en la calle y expulsan a las familias del centro de las grandes ciudades. Es urgente aplicar políticas públicas de vivienda como la iniciativa legislativa popular (ILP) de vivienda que esperamos sea admitida a trámite este mes en la Asamblea de Madrid», indica Hernanz.

Ese es el gran escollo de las agencias de viajes para conseguir su objetivo: lograr una base legal que se aplique en todo el territorio. Desde la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2013, cada comunidad autónoma tiene competencias para regular las viviendas de uso turístico. Algunas han dado pasos firmes como Baleares; otras, como Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura, no han regulado nada.

Los turistas quieren pisos

«Si pedimos ofertar vivienda turística es porque los clientes nos lo están demandando. Llevamos cuatro años reclamando una normativa mínima para todo el territorio. Ahora mismo, un propietario puede cancelar la reserva el día antes y dejar al cliente tirado, o no tener el piso en condiciones. Las agencias de viajes somos responsables de lo que vendemos y sería un riesgo enorme entrar así en ese segmento. Mientras no se hace nada, empresas como Airbnb hacen negocio sin regulación, lavándose las manos ante cualquier problema y sin que el Estado ingrese apenas impuestos. Esperamos que en 2018 esto esté regulado y podamos entrar», afirma César Gutiérrez, presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave).

Gutiérrez sí está a favor de encontrar un equilibrio social para que el precio del alquiler no escale todavía más con la llegada de las agencias de viajes. Propone establecer un cupo, a diferencia de lo que opina Nautalia. «Marcar un máximo de pisos aliviaría la presión sobre el alquiler. O hacer como Mallorca que permite una vivienda de uso turístico por bloque. Eso ya es competencia de los legisladores. Al inicio seguro que suben los precios, pero los arrendadores tendrán que empezar a pagar impuestos, contratar un seguro de responsabilidad civil, tener personal contratado y justificar los gastos. Y todo ese dinero, entre un 20% y un 30% del precio que ahora es en negro, tendrá que declararse, lo que desalentará a muchos potenciales arrendadores y estrechará los márgenes de beneficio. Si seguimos como ahora, todo ese dinero va directo a la bolsa de las empresas de economía colaborativa y a los propietarios. Estamos en el peor escenario».

Hernanz coincide en la teoría: blanquear este negocio frenaría la burbuja de precios y la codicia de algunos propietarios. El problema, asegura, es que los pisos turísticos ya no están en manos de particulares, sino de grandes empresas inmobiliarias y fondos de inversión a quienes pagar impuestos no va a desanimar un ápice. «No estamos hablando de propietarios que alquilan sus pisos para llegar a fin de mes, hablamos de grandes inversores que están comprando todos los inmuebles que pueden. Los edificios están pasando de uso residencial a uso comercial, y los pocos vecinos que quedan deben convivir en la puerta de al lado con gente que llega y monta fiestas todo el año. Esto afecta a la calidad de vida de la gente, que acaba vendiendo su casa y mudándose de barrio».

«Comprendemos la inquietud social», admite el presidente de Fetave. «Se está creando alarma y cierta turismofobia en sitios donde se alquila masivamente. Por eso será importante hacer estudios para ver cuál es el límite en cada lugar. No puede ser que haya empresas que compren todo el centro de una ciudadpara poner pisos turísticos. Hay que tener apertura de miras y no pensar en estirar este negocio al máximo».

Barceló Viajes es otro de los gigantes que admiten públicamente su deseo de entrar en el segmento de la vivienda turística. «Es necesaria una normativa que consiga que todas las partes implicadas jueguen en igualdad de condiciones», afirmó recientemente su consejero delegado, Gabriel Subías. Barceló confirma a este diario su voluntad de ofertar cuanto antes viviendas turísticas, y es, junto a Nautalia, el gigante que más está presionando por regular el segmento y competir con Airbnb, a quien considera un intruso. Halcón Viajes, pese a no querer posicionarse públicamente, también está trabajando sobre ese escenario, perfilando ya su línea de negocio para cuando haya un marco jurídico claro y se abra la veda.

Las trabas de la CNMC

Para tener una legislación de ámbito estatal en 2018, las agencias tendrán que doblegar en pocos meses a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que está tumbando todos los decretos autonómicos que regulan los apartamentos y viviendas turísticas. La última, la de Castilla y León esta misma semana. La CNMC exige a esa comunidad eliminar las cláusulas que obligan a los propietarios a disponer de un catálogo de servicios mínimos, asistencia telefónica 24 horas, establecer un mínimo de días de alquiler o la prohibición de rentar solo habitaciones. El mismo caso que Galicia, contra la que la CNMC también ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo.

Pese al celo de la CNMC, algunas legislaciones autonómicas sí están desalentando la expansión de los pisos turísticos. Es el caso de Baleares, donde el hotelero Kike Sarasola abandonó la gestión de 38 apartamentos turísticos en Palma de Mallorca en junio, tras aprobarse el decreto. La empresa confirma que dejó los pisos «para respetar la legalidad, como siempre hemos hecho». Sarasola ofertaba viviendas en edificios plurifamiliares, que es precisamente el perfil más sensible para la legislación de Baleares, la más beligerante en contra del fenómeno.

¿Veremos en unos años más oferta vacacional en pisos turísticos que en hoteles? Las agencias de viajes confirman que las preferencias de sus clientes van en ese sentido, aunque antes habrá que comprobar que el negocio funciona. «Probaremos, y según resulte aumentaremos la oferta de viviendas o lo dejaremos como algo residual. Las agencias trabajamos con márgenes de beneficio pequeños, de entre un 12-15%, a los que hay que descontar costes directos. Si todo funciona bien, puede llegar a igualar a la oferta de hoteles, pero si hay problemas, quizá diremos ‘ahí se queda», adelanta Gutiérrez. El director de Nautalia también cree que «quizá derivará la oferta de los hoteles hacia la vivienda turística. La gente podría cambiar su modo de pensar en vacaciones; hacerlo en casas de alquiler y en otros periodos del año. Eso animaría mucho a las familias a viajar, sería más cómodo y más barato».

Ante este panorama, desde ‘Lavapiés dónde vas’ suspiran: «En mi edificio ya hay cuatro de 10 viviendas propiedad de fondos de inversión. No hay casi mercado del alquiler, no se renuevan los contratos porque es más rentable para el dueño dedicar su piso al uso turístico, hay ‘mobbing’ en edificios completos», resume Hernanz. «No sé qué pasará si estos pisos también despiertan el interés de las agencias de viajes».

Fuente: El Confidencial