Riu se juega su futuro en EEUU tras la acusación de soborno a su dueño
La acusación de soborno, un delito federal en gran parte del país, llega en un momento crítico para el grupo, cuyos planes de expansión requieren numerosos permisos de las administraciones públicas
La tierra se mueve bajo los pies de Luis Riu, propietario y consejero delegado de Hoteles Riu, que este lunes compareció ante un tribunal de Miami acusado de un presunto delito de corrupción con el objetivo de acelerar las obras y permisos de su complejo hotelero en Miami-Dade.
En concreto, el empresario mallorquín, uno de los más importantes de España, se enfrenta a los cargos de compensación ilegal, un delito mayor de segundo grado, y de conspiración para cometer una compensación ilegal, un delito mayor de tercer grado.
Acusaciones de gran relevancia en un país como Estados Unidos, donde las penas por soborno y cohecho a empleados públicos pueden llegar a alcanzar los 15 años de prisión, y las multas económicas, triplicar el importe del bien ofrecido, según explican expertos legales consultados por El Confidencial.
Pero, además, una condena por estas acusaciones pondría en juego los planes de expansión de la cadena por Estados Unidos, ya que los cargos agrupados bajo el término inglés de ‘bribery’ (soborno) son considerados en muchos puntos del país, entre ellos el condado de Miami-Dade, un delito federal, y como tales, pueden incluso conllevar la inhabilitación para cualquier cargo honorífico, de confianza o que dependa del Gobierno de Estados Unidos, según las mismas fuentes.
Desde la compañía han declinado ofrecer la versión de sus expertos legales sobre la casuística concreta de la causa contra Luis Riu, y se han limitado a remitir al comunicado oficial en que refrendan la inocencia de sus directivos.
Plan de expansión en EEUU
La gravedad de los cargos a los que se enfrenta la compañía son todo un golpe contra la imagen de la cadena en Estados Unidos, país que lleva años en la hoja de ruta de expansión del grupo mallorquín, y una condena supondría un auténtico jarro de agua fría, ya que Riu necesita negociar directamente con las administraciones públicas todas las licencias de obra de sus establecimientos.
La cadena eligió precisamente Miami para lanzar su marca urbana Plaza en Estados Unidos, decisión que conllevó transformar el antiguo edificio en el actual Riu Plaza Miami Beach, el mismo cuyas obras han sentado a Luis Riu en el banquillo de los acusados.
Después llegó el turno de Riu Plaza New York Times Square, que abrió sus puertas en marzo de 2016, y al que la compañía quiere sumar en breve un segundo establecimiento en la Gran Manzana, tras asociarse con Tribeach Holding para comprar los derechos de construcción vertical del teatro Cort.
Precisamente, para salir adelante, este nuevo proyecto requiere importantes autorizaciones por parte de la comisión de Urbanismo de la ciudad, el mismo órgano que en Miami está en el epicentro de las acusaciones a Luis Riu.
Además, la compañía española quiere llevar la cadena Plaza a las principales ciudades de Estados Unidos, con San Francisco y Orlando en los primeros puestos de su lista de deseos, planes que pueden verse seriamente sacudidos si finalmente se condenara al grupo por corrupción.
Acusaciones de cohecho
La semana pasada, el juez Jorge Cueto imputó al responsable del departamento de Construcción de Miami Beach, Mariano Fernández, a Luis Riu, al vicepresidente regional de la compañía, Alejandro Sánchez del Arco, y a la filial de Riu, Hoteles y Resorts Florida.
Todos ellos han sido acusados de cohecho en las obras de remodelación del Hotel Riu Plaza Miami Beach, que tuvieron lugar entre octubre de 2013 y junio de 2016, cuando Fernández era el encargado de dar los permisos de obra y de llevar a cabo las inspecciones.
Según las acusaciones de la Fiscalía, que entre su documentación cuenta con correos electrónicos enviados por los acusados, los directivos de Riu concedieron habitaciones gratuitas, en unas ocasiones, o a precios muy económicos, en otras, a Fernández y a los empleados de su departamento a cambio de acelerar las obras y eludir multas.
Fuente: ElConfidencial